“El diálogo con el
Gobierno no existe”
La MANE tiene listas
varias movilizaciones y otros actos colectivos para la semana entrante y
siguiente. ¿Por qué organizaron este nuevo ciclo de protestas?
En el octavo plenario de
la MANE, realizado entre el 5 y 6 de octubre pasados, se concluyó que debíamos
convocar al próximo paro nacional universitario para manifestar nuestra
preocupación por la profundización de las crisis en las universidades públicas:
en materia financiera, en el tema de democracia en cuanto a la toma de
decisiones y en el de las libertades y garantías para ejercer nuestros derechos
de movilización y protesta.
¿Qué pretenden lograr
con el paro? Llamar la atención del
Gobierno sobre la problemática de la educación y presionarlo para que se abra
un debate público sobre tres puntos: 1. La deuda del Gobierno con las
universidades. 2. Las propuestas sobre el modelo de educación que deben ser
discutidas democráticamente en una mesa de concertación en la que se sienten el
Gobierno, la MANE y otros sectores del área. 3. Las garantías para ejercer el
derecho a la protesta en tanto que se están criminalizando y estigmatizando las
movilizaciones estudiantiles con la militarización de algunas universidades, la
presencia de los escuadrones antidisturbios y los señalamientos y medidas
policivas contra los participantes de las marchas.
¿Por qué han dividido
las movilizaciones en varios actos? Porque tienen diversos
objetivos: la movilización del miércoles 16 y jueves 17 de la semana entrante
es una protesta de todas las universidades públicas del país. A partir de esos
dos días, cada universidad definirá, en su autonomía, si continúa en cese de
actividades o no, dependiendo de sus circunstancias particulares. El 24 de
octubre desarrollaremos una segunda jornada de movilización nacional para
enfocarnos en el problema del presupuesto que destina el Gobierno Nacional a la
educación pública. El 31 habrá una marcha de disfraces con el objetivo de
plantear, simbólicamente, el que se pone el Gobierno cuando se refiere a su
compromiso con las universidades. Por eso le pusimos un nombre a ese acto de
protesta: “No más disfraces, Santos”. Y, por último, programamos una marcha
para el 7 de noviembre, cuando se cumplen dos años de la caída, gracias a la
presencia masiva de la MANE, de la reforma a la Ley 30 presentada por el
Ministerio de Educación en 2011. A partir de ahora, el 7 de noviembre se
conocerá como el día de la “Dignidad educativa”.
¿A cuántos estudiantes
representa, en realidad, la MANE? En el país hay alrededor
de 32 universidades públicas y, según las estadísticas más recientes, hay más
de un millón de estudiantes en estos centros educativos. En 2011 logramos el
mayor número de participantes en una movilización: salieron cerca de medio
millón de jóvenes en toda Colombia. Este año estamos apostándole a que se
llenen las calles de varias ciudades para que el mensaje de la defensa de la
educación pública sea fuerte y claro.
¿Tienen relación con
otros sectores de la educación como profesores o trabajadores de universidades?Sí. Estamos consolidando
relaciones con organizaciones de profesores y con sindicatos de trabajadores de
las universidades porque tenemos problemas en común.
Antes de tomar la
decisión de movilizarse de nuevo, ¿intentaron volver a conversar con el
Ministerio de Educación o con otros despachos del Gobierno?
El 29 de agosto pasado,
que fue el día de la primera movilización de la MANE este semestre, radicamos
una carta de ocho puntos en el Ministerio de Educación y en el Congreso de la
República. Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de alguna de esas dos
instituciones, excepto la de una invitación general, que hizo el Ministerio, a
participar en la construcción de políticas educativas. Pero ese, como le digo,
es un llamado general. No una respuesta a la MANE.
¿Con la ministra de
Educación han logrado tener algún contacto?No. En 2013 no hemos
hablado con ella.
De nuevo: ¿lo han
intentado?Sí, claro. María
Fernanda Campo forma parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Y
nosotros la invitamos a que hiciera un consejo superior ampliado en donde
tuviéramos cabida todos y pudiéramos discutir los temas que le he mencionado.
Pero la negativa a estar en un espacio de debate abierto, en el que
participaran los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, fue
radical.
¿El diálogo con el
Gobierno Nacional es imposible, según ustedes lo ven, o aún se puede construir
un puente que evite rupturas totales?
Hasta este momento el
diálogo no existe. El Gobierno ha expresado con claridad su intención de
quitarle la visibilidad, ante la sociedad, a la MANE y al movimiento
estudiantil. Pero nuestra intención siempre ha sido la de abrir la posibilidad
de diálogo. Como entendemos que esa posibilidad no surge de manera espontánea,
sabemos que tenemos que impulsarla con estas movilizaciones y con el apoyo de
la sociedad colombiana que también reacciona si nos hacemos escuchar.
Jairo Andrés Rivera,
vocero de la MANE
“La capucha no siempre
está ligada a la violencia”
¿Cuáles son los
problemas que ustedes le ven al modelo de educación?Que es excluyente y que
carece del sentido de lo público, tanto en las universidades del Estado como en
las privadas, así como del de la función social de la educación. En las
estadísticas se refleja lo que es: sólo 5 de cada 10 bachilleres acceden a la
educación superior. De ellos, sólo uno tiene la oportunidad de contar con
educación superior de calidad (pública o privada) de alto costo. Entre esos
mismos 5, únicamente llegan a graduarse 3, y de éstos, uno consigue trabajo por
su propio esfuerzo y sin apoyo del Estado. Pero, además, el sistema educativo
público colombiano no es gratuito y su calidad cada año que pasa es peor porque
el presupuesto que le asignan es más bajo.
En materia de
movilizaciones las autoridades advierten el peligro de que haya “infiltrados”
que generen violencia. ¿Cómo han pensado controlar ese factor?
La primera herramienta
que tenemos para adelantar un movimiento estudiantil contundente es la
convocatoria a marchas pacíficas, masivas y creativas. Esto por un lado. Por el
otro, igualmente repudiamos todas las formas de prejuicio sobre las protestas
ciudadanas y la criminalización que se hace contra ellas, o la represión con
que pretende controlárselas. Hemos dicho que no creemos que existan infiltrados
en la universidad en el sentido en que lo entiende el Gobierno, como
expresiones de la guerrilla o de otros grupos armados. Si los estudiantes hacen
uso de su derecho a pensar libremente, dado que la naturaleza misma de la
universidad es la libertad de pensamiento, eso no convierte a quienes se
expresan de una manera específica en infiltrados.
El Gobierno se refiere a
las acciones de los “infiltrados” cuando personas que se mezclan con los
estudiantes lanzan piedra, papas bomba o usan otro tipo de violencia. ¿Ese
fenómeno no existe para ustedes?Claro que existe, pero
interpretamos que son estudiantes que utilizan otros mecanismos de protesta
distinta a la de nuestras convocatorias. Y creemos que la forma en que debemos
hacerle frente a ese tipo de hechos no es la de la denuncia o la de la
judicialización, como pide el ministro de Defensa, sino la de la construcción
de pedagogía y de una cultura de la protesta estudiantil. Si bien no
compartimos esas actitudes, sí entendemos que muchos estudiantes —como los
campesinos y otros manifestantes— reaccionan con fuerza ante la acción violenta
del Estado que no por legal es legítima.
La capucha se ha
convertido en un símbolo de violencia para el grueso de la gente. ¿Para ustedes
también?
No. No creemos que la
capucha esté siempre ligada a hechos de violencia. Esa es una generalización
que ignora fenómenos históricos como el de los zapatistas en México o el del movimiento
de los indignados en las redes sociales y que se utilizaba más como modo de
protección que de ataque. No estamos de acuerdo en que conviertan
automáticamente a un estudiante en falso positivo por el solo hecho de usar una
capucha.
El 31 de octubre, día de
los disfraces de protesta estudiantil, ¿permitirán capuchas o antifaces, o para
evitar malos entendidos los evitaran? La idea de esa marcha es
que la gente se disfrace simbólicamente, en defensa de la educación. La
creatividad de cada quien puede desplegarse como sea, para participar en una
movilización llamada a ser pacífica.
¿Es cierto que hay
estudiantes de la MANE detenidos y bajo cuáles cargos? Es cierto. El movimiento
estudiantil ha sido víctima de retenciones, detenciones, encarcelamientos y de
desapariciones, asesinatos y exilios. En cuanto a las detenciones, durante las
movilizaciones de 2011 fueron encarcelados Jorge Eliécer Gaitán, de la
Universidad Surcolombiana; de esta misma universidad, Carlos Lugo, cantante y
compositor, que también fue dirigente estudiantil y quien se estrenaba como
profesor allí mismo; y Ómar Marín, de la Universidad de la Amazonia. Ellos
fueron detenidos por rebelión y por otros cargos, pero estos últimos no
prosperaron. Sin embargo, continúan detenidos en La Picota y en Florencia.
Hemos exigido su liberación inmediata y pedido que nos expliquen por qué los
mandaron al Caquetá.
¿Quiénes han sido
asesinados y en cuáles fechas? Nicolás Neira,
estudiante de secundaria, muerto en Bogotá, durante un enfrentamiento con el
Esmad en una de las marchas del 1° de mayo en 2003. Johnny Silva, Martín
Hernández, Julián Hurtado, Óscar Salas y Jean Farid Cheng Lugo murieron en
movilizaciones posteriores y en 2011. En cuanto a los exiliados, los
estudiantes que se han acogido a esa figura prefieren el anonimato por las
amenazas que les han llegado a ellos y a sus familias.
Si pudiera sentarse unos
minutos a hablar con el presidente Santos, ¿qué reclamo le haría y qué
solicitud le pediría? El primer reclamo que le
haría sería el de decirle que no es posible hacer de la educación los rieles
por donde pasan sus locomotoras. La educación no puede ser funcional ni servil
al despojo, al desarraigo o a la guerra. La educación es para que la dignidad
humana se ponga por encima del mercado. A Santos no le pediría sino que le
exigiría sentarse en una mesa con todos los actores sociales para abrir un gran
diálogo en Colombia sobre la soberanía, la democracia y la paz, tres principios
por los que pasa la educación y que este y el anterior gobierno han olvidado.
¿De nuevo la
perturbación social?Contrario a lo que
sostienen los estudiantes de la MANE sobre el debilitamiento económico de las
universidades públicas, la ministra María Fernanda Campo reiteró que nunca ese
sector se había fortalecido tanto como con el gobierno de Santos. Insistió en
que en la pasada reforma tributaria se les asignaron $1,5 billones a la
infraestructura y a la calidad de los centros educativos estatales. Y en que
esto significa un aumento presupuestal de $260 mil millones. Campo también
relacionó los recursos de las regalías que les estarían llegando a las
universidades. Según ella, en cuantía de $330 mil millones, de los cuales $170
mil millones serían para invertir en la especialización de docentes. Pero la
MANE tienen cuentas diferentes. Los voceros estudiantiles de esa joven
organización, que ha demostrado capacidad de movilización de la población
universitaria, señalan que van de nuevo a paro porque, entre otras razones, el
Gobierno le adeudaría a la educación superior la gigantesca cifra de $11
billones. El Ejecutivo tendrá que reaccionar con imaginación e inteligencia a
las protestas de la semana que empieza porque, además de la que hará la MANE,
habrá otras como la minga nacional indígena que se iniciará mañana.
Líderes estudiantiles
desde el colegio
María Alejandra Rosas
tiene 22 años, es estudiante de la Universidad Nacional y cursa octavo semestre
de fisioterapia. Después de obtener título de bachillerato en la Institución
Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, se vinculó a la Federación
de Estudiantes Universitarios (FEU Colombia) y pertenece a la Mesa Amplia
Nacional de Educación (MANE) desde cuando ésta se conformó, en 2011. Tiene su
tiempo completamente copado: en las mañanas asiste a las prácticas clínicas.
Reparte las tardes entre las clases y las reuniones del movimiento. Se
convirtió en activista estudiantil por su interés en defender la
universidad pública a la que ve debilitada. Jairo Andrés Rivera cumplió 24 años
y acaba de terminar el pregrado en ciencias políticas. Viene del colegio
Champagnat de Ibagué y ha sido defensor de la educación pública desde las
movilizaciones de 2002, primer año del gobierno Uribe, cuando la discusión se
centraba más en el servicio militar obligatorio y en el presupuesto nacional
que le destinaba una gran suma a la seguridad nacional mientras le bajaba los
recursos a la educación. Es representante estudiantil en el consejo superior de
la Universidad Nacional y puede ser reelegido porque continuará su carrera,
ahora en una maestría.
Por: Cecilia Orozco Tascón
María Alejandra Rosas y Jairo Andrés Rivera, voceros de la MANE. / Luis Ángel - El Espectador
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